En medio de la pandemia de coronavirus, cuya consecuencia fue el brutal aumento de la pobreza, el Gobierno Nacional envió un polémico proyecto: hacer que la leche empiece a pagar 10,5 de IVA, una medida que impactará en el consumidor final.

El gobierno de Mauricio Macri había beneficiado a una serie de productos que dejarían de pagar IVA. Ahora Alberto Fernández quiere que todos los argentinos paguen un 10,5 por ciento más por el litro de leche líquida y por el kilo de leche en polvo. Lo curioso es que ayer, en el aniversario de la muerte de Eva Perón, Alberto Fernández tuiteó que gobernaba para los que menos tienen.

Este aumento del 10,5 por ciento en el IVA va a repercutir directamente en el precio del producto. Es decir, el litro o el kilo de leche costará al menos un 10,5 por ciento más cara desde que se apruebe la iniciativa.

El gasto desenfrenado del Estado Nacional ahora se venía financiando con el aumento de las retenciones y emisión monetaria. Ahora el Gobierno busca crear nuevos impuestos para solventar los gastos.

En el artículo 18 del proyecto del Gobierno se elimina la exención del IVA “la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos”, mientras que en el artículo siguiente se dispone que estos productos serán gravados con el 10,5%.

El diputado nacional José Cano dijo: “Esta es una típica práctica kirchnerista que ya se hizo antes: hasta el 31 de octubre de 2006 también estaba exento de IVA el pan común o francés, pero luego el gobierno de Néstor Kirchner lo llevó al 10,5%. Ahora otro gobierno con las mismas características hace lo mismo con la leche”.

“Desde Juntos por el Cambio no vamos a permitir esto. La leche es un producto básico y es fundamental que siga exenta de IVA. Hay que terminar con la doble moral kirchnerista”, sostuvo.

“En medio de la crisis económica y la fuerte caída en los ingresos de la población, una suba de esta naturaleza en el precio de un artículo de primera necesidad es difícil de aceptar”, adelantó el diputado radical Luis Pastori, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, quien insistió en que esta práctica de instrumentar modificaciones impositivas en la ley de presupuesto (que se hizo habitual en los últimos gobiernos) está prohibida.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había anunciado que por la pandemia y el gasto que esta emergencia demanda, enviaría a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para ampliar las partidas de gastos y de recursos hasta fin de año. La iniciativa fue presentada como un “gesto” a la oposición, recelosa del uso de los “superpoderes” que le permiten al jefe de Gabinete instrumentar estas asignaciones por decreto de necesidad y urgencia. A cambio reclamó celeridad para que el proyecto sea aprobado cuanto antes.

La oposición sospecha que dentro de esta iniciativa se disimulan algunos puntos polémicos y anticipó que no lo apoyará a “libro cerrado”, como pretende el oficialismo.

El proyecto, que ingresó el viernes pasado a última hora, propone incrementar los gastos totales en casi $2 billones ($1.859.582,8 millones), lo que implica un incremento del 33,6% respecto del presupuesto vigente. Buena parte de esta suba está destinada a atender la emergencia de la pandemia: 170 mil millones se destinarán a mantener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), mientras que otros $1625 millones nutrirán el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para financiar a las empresas.

Pero esta ampliación presupuestaria también incluye un fuerte refuerzo de partidas para atender otros gastos, como la actualización de los salarios de los empleados públicos. Por caso, se establece una suba $8879 millones para el Poder Legislativo y otros $16.800 millones para el Poder Judicial. También hay una fuerte suba destinada al Ministerio de Seguridad de $45.000 millones.

Estos gastos serán financiados con un aumento de recursos provenientes, sobre todo, de las utilidades giradas por el Banco Central. El proyecto propone ampliar estos giros a $1,6 billón. Aquí también la oposición levanta su voz en advertencia.

“Están financiando el déficit con ingresos ficticios a partir de una maniobra contable orquestada por el Banco Central”, advirtió el diputado radical Alejandro Cacace, quien explicó que este organismo aumenta de manera ficticia su balance al valuar su tenencia de letras instransferibles a valor técnico, no de mercado. Este cambio, que se instrumentó en una decisión del BCRA en diciembre pasado, le permite aumentar las “ganancias” de la entidad y así financiar al Tesoro vía la emisión de pesos, más allá de lo que dispone la Carta Orgánica de la entidad.

“El problema es que el Gobierno pretende incorporar esta maniobra de la ley permanente de presupuesto”, advirtió