El grupo Vicentin cayó en una compleja situación financiera en los últimos meses de 2019, quizá por imprudencia o por mala administración, profundizada por la fuerte devaluación que se produjo luego de las PASO. En diciembre se presentó en la justicia con un concurso preventivo, conforme lo determina la ley argentina para este tipo de dificultades. Y, hasta el anuncio de Alberto en cadena nacional, las negociaciones y oportunidades estaban abiertas y no se habían despedido trabajadores. Incluso la AFIP se encontraba en pleno proceso de verificación y analizando la documentación presentada. Entre sus acreedores se enlistan varios bancos, principalmente el Banco Nación con un crédito de origen cuestionado, así como también muchos productores y proveedores menores pero con gran impacto en la economía provincial.

La figura de la intervención del Poder Ejecutivo sobre una empresa privada en crisis no existe en nuestra legislación. Es más, es facultad del Poder Judicial en el marco del proceso concursal disponer intervenciones para garantizar el giro del negocio si estuviere paralizado, pero este no era el caso. La medida intervencionista decretada por el presidente Fernández y aceptada por el arco político afín es a todas luces inconstitucional y no sólo profundiza un avance del Gobierno sobre el principal sector económico proveedor de dólares sino también, y principalmente, sienta un nefasto precedente para todas las empresas que puedan entrar en cesación de pagos. Claro está que al gobierno no le interesa recatar a cualquiera.

Por su parte, no resulta inocente que esa acción se proyecte con participación de YPF, nave insignia de los peores años de nuestra historia reciente, cuya “nacionalización” nos ha costado a todos los argentinos tres veces más que lo que valía la empresa en el mercado y sobre la cual aún el Estado Nacional tiene un millonario juicio pendiente. Tampoco es inocente que desde el discurso se pretenda desdibujar que YPF es una empresa que distribuye dividendos a inversores nacionales y extranjeros y que a sus números rojos los pagamos todos cada vez que nos acercamos al surtidor con el precio sostenido de los combustibles.

En los primeros doce años de kirchnerismo vivimos el mayor avasallamiento sobre las instituciones de la República en democracia, pero parece que no hemos visto todo.

El asalto a una empresa privada por decreto ignora por completo el actual proceso concursal en el que interviene la Justicia y el pedido de expropiación en cadena nacional vuelve a convertir al Congreso en una escribanía del poder de turno, donde la única esperanza de que opere el contrapeso democrático parece respirar en Diputados.

Cristina y Alberto avanzan en una emboscada sobre la libertad económica de todos los argentinos y desde el Instituto Patria decidieron, una vez más, transformar una deuda privada en deuda pública. Lo que significa que, en tiempos donde le decimos al mundo que no podemos pagar nuestros compromisos, los argentinos nos haremos cargo del no insignificante número de 100 mil millones de pesos de deuda de un privado.

La intervención y expropiación de Vicentin SAIC representa el caso testigo del modelo diseñado por el Grupo de Puebla para avanzar nuestra libertad económica. Estamos dando el primer paso hacia el abismo comunista latinoamericano. Es momento de que desde la oposición recojamos el guante de una sociedad argentina que ya no se deja vencer por el miedo ni se calla. Y que aquellos que hoy ejercen representación en la política nacional muestren el valor y la integridad que se necesitan para evitarlo.

(*)   Vicepresidente Mejorar Argentina

(**) Abogada y coordinadora Mejorar Santa Fe

Fuente: Noticias Argentinas