El defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Lionel Enrique Suárez, constató la mortandad de los peces que atribuyó a la "anoxia (falta de oxígeno)”, en el marco de un programa que ejecuta junto con el Ministerio del Agua y del Ambiente provincial.

Suárez solicitó “la urgente intervención de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Tucumán, cuyo titular confirmó nuestra inspección”, por lo cual “la SEMA tiene a su cargo determinar administrativamente las responsabilidades de los ingenios de esta puntual situación”.

“Ante la presencia de este pulso azucarado, a instancias de la Defensoría del Pueblo, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente de Tucumán ha iniciado las actuaciones para determinar el origen que permita atribuir las consecuencias del acto lesivo en procura del esclarecimiento de la situación constatada, la atribución de la responsabilidad”, remarcó Suárez.

“Con los instrumentos de medición propios (sonda multiparamétrica), se detectó en el sector la ausencia de oxígeno disuelto en el agua; y como resultado de las muestras levantadas y procesadas en Laboratorio del Instituto de Hidrobiologia surge de los parámetros examinados que, la relación de sodio, potasio y el índice de conductividad, indica en principio la presencia de elementos azucarados, producto de una pérdida en su proceso de producción de ingenios”, comentó Suárez.

A lo que agregó que “los elementos azucarados en su proceso de descomposición, consumen el oxígeno del agua; mientras que no se verificó la presencia de vinaza, que altera sustancialmente los valores de medición”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de un juicio incoado por Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo santiagueños, en el que se logró en 2011 un acuerdo entre provincias, Estado nacional e industrias, le acordó potestad, única en el país, a la Defensoría para inspeccionar todos los ingenios de Tucumán, la cuenca, tributarios y embalse del Salí.

También intervienen en la fiscalización la SEMA de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación. La información de la fiscalización se envía cada tres meses a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.