La cantidad de empleados públicos sobre la población total en nuestra provincia es el mayor del país. Este indicador es la medida del fracaso de nuestra sociedad, a lo largo de los años los sucesivos gobiernos no han sabido generar las condiciones necesarias para crear empleo genuino, no se ha trabajado para tentar a los empresarios de que inviertan.

Hubo intentos aislados de cambiar este rumbo penoso; la desgravación y los diferimientos impositivos y la inversión minera. Los dos primeros fracasaron rotundamente y el último, todavía permanece cubierto por un cono de sombras. Funcionan las inversiones, se generan condiciones de trabajo, pero la aplicación de las utilidades de fondos de las regalías ha sido un sistema muy poco transparente, y la explotación sin licencia social está condenada al fracaso, por más promesas que se hagan a los habitantes próximos a los yacimientos.

También entre los factores importantes que han impedido muchas veces la llegada de inversiones, está la seguridad jurídica (local y nacional) y las condiciones macroeconómicas de nuestro país, con una larga historia de incumplimientos y desmantelamiento del aparato productivo nacional. En la provincia de Catamarca, la organización judicial es meramente formal y la casi totalidad de los puestos claves, está cubierta por familiares y amigos del poder político. De ese modo, nadie piensa en invertir en una provincia donde no hay garantías jurídicas.

Ahora estamos en una recesión económica muy importante en nuestro país provocada por la pandemia y consecuencia de la cuarentena. Esta situación induce a que la recaudación tributaria disminuya y por ende los fondos coparticipables a las provincias sean menores. De esos fondos “vive” nuestra provincia y son destinados principalmente al pago de sueldos. De manera que el panorama económico de la provincia tiene un gran interrogante, en especial en un momento en que el país está entrando en default y ya no habrá donde tomar créditos. Argentina queda afuera del sistema mundial por octava vez en su historia y las provincias sentirán ese efecto con fuerza.

Es decir que ante un escenario en donde los ingresos de la provincia se reducen considerablemente es necesaria una racionalización del gasto, entonces se debe “apuntar” a eliminar consumos superfluos. En ese sentido se debe eliminar principalmente lo que se gasta en sobre precios o sobre valuaciones y dar de baja a empleados públicos que son innecesarios, y en este último punto no nos referimos al empleo público de los niveles más bajos, sino de los más altos. Para ser más precisos todos sabemos que hay muchos empleados públicos que figuran como asesores, que tienen otros trabajos y que el sueldo estatal es un ingreso más. Es hora de pasar la "escoba" y limpiar absolutamente todos los gastos superfluos y de inutilidad manifiesta.

Es de esperar que la Reforma del Estado, con trámite parlamentario, propuesta por el gobernador Jalil siente las bases de una provincia moderna, en donde la prioridad sea el orden, la organización, la seguridad jurídica, en definitiva, un buen lugar para invertir y prosperar, y que la misma no se transforme en "más de los mismo".

Esto no es solo un desafío para el gobierno actual, sino también para la oposición y toda la sociedad catamarqueña, que debe ayudar en los esfuerzos que implicarán sortear una de las mayores crisis financieras y económicas que la humanidad haya padecido en los últimos dos siglos. 

En el día que conmemoramos los 200 años de la muerte del General Manuel Belgrano, desde nuestra provincia aportemos un granito de arena para ser el país que él soñó y que en un momento de nuestra historia lo alcanzamos y que lo perdimos por dejar de lado las recetas que nos llevaron al éxito.