Opinión

Los usureros de Catamarca se frotan las manos en tiempos de crisis

Nota Editorial

La víctima de una prestación usuraria, por lo general, padece un grave estado de necesidad económica, y en su desesperación echa mano a este recurso como un remedio heroico, con la esperanza de subsistir y la ilusión de que el futuro puede traerle una mejoría en su situación que le permita salvar su patrimonio.

Y, así como la persona que se ahoga da manotazos desesperados, procurando mantenerse a flote, aquí el sujeto recurre a nuevos préstamos, quizás más onerosos, para pagar los anteriores, o acepta abonar intereses exorbitantes para lograr una espera y ¡que no se le reclame en este momento el capital adeudado!

Es decir que existen personas y empresas que prestan dinero aprovechando la extrema necesidad de la gente. Los prestamistas lo hacen de manera clandestina pero lo increíble es que en algunos casos empresas crediticias, con vidrieras a la calle, a plena luz del día, otorguen préstamos a tasas usurarias y los organismos de control no hagan nada. El que calla otorga o es complice.

Si bien estas organizaciones de servicios financieros utilizan vericuetos legales y «letras chicas», también se aprovechan de las personas que acceden a este tipo de créditos porque la posibilidad de acceder a un abogado es remota o nula. En definitiva, el estado mira para otro lado y no ejerce el poder de policía en materia de regulación de tasas y que además están penadas por el Código Penal Argentino, es decir estamos refiriéndonos a delitos dolosos.

El actual gobernador de la provincia cuando era legislador provincial impulsó una ley para ponerle limite a la usura y siendo intendente de la ciudad capital creó la caja de crédito municipal para prestar a tasas razonables, e instó a legisladores nacionales para que modifiquen la ley 21.526 que es del año 1974. En el año 2016 Jalil se quejaba que las agencias prestamistas se llevaban mucho dinero de la provincia mensualmente.

Un hecho que pasó desapercibido pero que es grave ocurrió cuando la provincia durante el mandato de Corpacci firmó con una tarjeta de crédito descuentos en comercios de la provincia con las mismas condiciones que el Banco Nación que es el agente financiero de la provincia y cobra las tasas más baratas del mercado.

Cuáles habrán sido los motivos que tuvo el gobierno anterior para firmar un convenio con una entidad crediticia que cobra tasas de interés exorbitantes y que en la jerga financiera se denominan “cuevas”. Llama poderosamente la atención cuando los gobernantes dan cabida a situaciones que claramente erosionan la dignidad humana. Se llenan la boca hablando de pobreza pero la defensa de los más humildes queda sospechosamente de lado cuando se favorece la consecución del abuso del más fuerte por sobre la condición del más debil.

Los señores legisladores de todos los partidos se deberían haber opuesto a la firma del convenio y una vez realizado tendrían que haber formulado la denuncia penal en la justicia ya que claramente perjudica la economía del usuario. En el mismo sentido, los profesionales del derecho, los escribanos y los contadores deberían denunciar estas prácticas vinculadas la mayor de la veces con el juego, la prostitución y la evasión impositiva, pues es común que en el desarrollo de esas tres profesiones se tome conocimiento de estas situaciones.

Desde el año 2014 existe en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca la ordenanza N° 5835 contra la usura, pero poco se conoce de su aplicación. En realidad nada porque es parte de la anomia existente en toda la provincia. Resulta difícil encontrar leyes u ordenanzas, sancionadas con buenas intenciones y que en la mayoría de los casos caen en el olvido y no se aplican.

Es hora de que el Estado Provincial haga algo con respecto a este tema, más estando en una crisis económica casi terminal en donde se ejerce un implacable poder de policía sobre los comerciantes y el control de precios, y en simultáneo no se controlen las brutales actividades desplegadas por los prestamistas y usureros, que cobran tasas exorbitantes en las famosas “cuevas”, que funcionan sin habilitación, que la mayoría de las veces provocan daños económicos irreparables a las personas, a sus exiguos patrimonios y a toda la familia.

Mientras tanto el Estado sigue ausente, la AFIP no persigue a los evasores y menos controla a los que se enriquecen ilícitamente, que son quienes no pueden justificar su patrimonio ni con sus ingresos en actividad declarada en el nomenclador ni con nada, son los que gastan más de los que «ganan». Esos son los usureros, que están muy bien identificados por la sociedad y por los organismo de fiscalización impositiva que miran al costado, mientras las aves rapaces, los usurureros se frotan las manos ante la desesperación de la gente, y mucho más, reiteramos, en tiempos de severas crisis como la que estamos atravesando.