En cuanto al primer proyecto, se propicia un rediseño en su organización administrativa para compatibilizar su funcionamiento con el rol asignado al Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. Con ello se busca evitar una duplicidad de funciones en dos organismos estatales. En este sentido, se establece que Vialidad Provincial, organismo autárquico de derecho público, deberá ser conducida por un Directorio, cuyo presidente será el Ministro de Infraestructura.

Por su parte, las modificaciones a la ley del IPV rediseña la organización administrativa del Instituto, compatibilizando su funcionamiento con el Ministerio de Vivienda y Urbanización.

Esta ley apunta a evitar una duplicidad de funciones por dos organismos estatales. De esta forma el proyecto dispone que el Instituto, como organismo autárquico de derecho público del Estado con personería jurídica individual y financiera, se vinculará con el poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de la Vivienda.

Además, se establecerá un Directorio cuya presidencia será ejercida “ad honorem“ (sin percibir remuneración por la tarea) por el titular de la cartera habitacional junto a un integrante del IPV bajo el cargo de Director Adjunto. La iniciativa señala que el capital operativo del IPV será el Fondo Provincial de la Vivienda.