"Las sanciones son reversibles, la intención es que sean temporales", aseguró el representante especial de Washington para Venezuela, Elliott Abrams, en teleconferencia desde Washington con periodistas en Caracas.

Explicó que "la meta es complicar al régimen de Caracas para que haga algo que no ha querido hacer: negociar elecciones libres y justas, y que Venezuela pueda emerger de esta crisis", según el diario digital El Pitazo.

Abrams hizo esas declaraciones un día después de que Estados Unidos sancionara por primera vez a Rusia -a través de una filial de la petrolera estatal Rosneft y su ejecutivo principal- a causa de la situación en Venezuela y dijo que esperaba que esa medida provoque un "cambio de comportamiento" de Moscú con respecto al país caribeño.

"Lo que hicimos ayer fue una acción específica pero también una señal de que hay más acciones que se vienen; urgimos a los consumidores principales del petróleo venezolano en Asia que busquen en otro lado, porque cualquier compañía prudente se alejará del negocio o comercio del petróleo venezolano", advirtió.

"Las elecciones presidenciales son la mejor manera de salir de este asunto pacíficamente; estamos con la esperanza de que la Federación Rusa quiera darle ese consejo al régimen de Maduro; no hemos visto esto todavía, pero sería una contribución muy positiva", agregó Abrams.

El diplomático dijo asimismo que Estados Unidos evalúa el impacto ambiental y sobre las comunidades indígenas de la extracción de oro en el Arco Minero del Orinoco, y subrayó que el gobierno de Maduro realiza allí "comercio ilegal" de ese metal para comprar la voluntad de líderes militares.

"Lo hemos venido discutiendo en la ONU desde octubre y lo discutiremos en las sesiones del próximo mes", indicó.

Estados Unidos comenzó en 2015 -aún bajo la administración del presidente Barack Obama- a aplicar sanciones económicas y migratorias a personas vinculadas con el gobierno de Maduro a los que sospechó implicados en corrupción, narcotráfico, lavado de activos y violaciones de derechos humanos, entre otros delitos.

Las sanciones se intensificaron a partir de enero de 2019, cuando Maduro inició un nuevo mandato que Estados Unidos y otros 58 países desconocen por considerar que surgió de elecciones irregulares, y fueron aplicadas también por Canadá, Panamá y Suiza, entre otros países, así como por la Unión Europea (UE).

Sin contar las medidas impuestas a ciudadanos de otras nacionalidades y a empresas, 156 venezolanos fueron sancionados por 31 países, incluido Maduro, penado por Canadá, Estados Unidos y Panamá, según el diario digital Runrunes.

Solo Washington sancionó a 115 venezolanos, de acuerdo con ese informe, que no toma en cuenta las restricciones migratorias impuestas por varios países -incluida la Argentina- a funcionarios y otras personas relacionadas con el gobierno de Maduro.