A raíz de la suspensión por parte del Gobernador Mendocino de las modificaciones a la nueva ley de minería, el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel expreso “no se puede hacer minería sin licencia social y las explicaciones hay que darlas, aunque haya sectores que no acepten ningún tipo de explicación”.

Muy a contramano y sobre ese mismo tema, el Gobernador Raúl Jalil manifestó: “La minería está en todos lados, la prohibición por la prohibición misma no es una salida para ningún sector”.

Es evidente que Jalil no ha comprendido aun que durante los últimos ocho años de Gobierno la minería provincial ha perdido –definitivamente- la “licencia social” por varios motivos, pero fundamentalmente por la violación de los regímenes ambientales y por la falta de inversiones de lo recaudado.

Tampoco ha evidenciado los escándalos de la minería local ni la fuerte repercusión en la mesa de los inversionistas extranjeros, quienes ante la falta de seguridad jurídica, económica e institucionalidad, prefieren radicarse en otras provincias.

Tal es el caso de San Juan donde se concentra más del 50% de la industria minera nacional, donde la minería representa el 70% de las exportaciones provinciales, donde el PIB provincial creció un 145% mientras que a escala nacional promedió tan sólo el 72%, donde el volumen de las exportaciones escalo a US$ 1.364 millones y en donde se espera una producción para este año que supere los US$ 8.000 millones.-.

Estas cuestiones concretas sirvieron para la designación del actual Secretario de Minería de la Nación, pese a que la ex Gobernadora Corpacci –malintencionadamente- atribuyera su nombramiento a un pedido de una empresa privada.

Lo cierto es que Catamarca no cuenta con ningún actor en la organicidad del esquema minero Nacional por decisión exclusiva de Alberto Fernández, quien está al tanto del mal ejemplo que significo la minería local y que –inexplicablemente- ha sido ratificada por el actual Gobernador Raúl Jalil, quien lejos de diferenciarse, sostuvo y sostiene a los principales actores de la minería de Lucia Corpacci y su esposo Ángel Mercado.

En este contexto los catamarqueños se preguntan si esta situación se podrá revertir con el nombramiento del nuevo Secretario, a pesar de la resistencia demostrada por la ex mandataria.

Pero ¿quién es Alberto Hensel?

Hasta el pasado 8 de Diciembre Alberto Hensel, un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como Ministro de Minería de San Juan con una carrera pública admirable ya que antes de eso fue Intendente de la localidad de Sarmiento durante 12 años y Diputado Provincial, cargo al que tuvo que renunciar para ocupar la cartera en Minería.

El modelo de inversión, recaudación y generación de empleo Sanjuanino es conocido en el mundo como uno de los más organizados y trasparentes y Alberto Hensel es su autor.

En su gestión, fue impulsor de un sistema recaudatorio que hoy le dejo a la Provincia de San Juan más de 1000 millones de pesos y como tal goza de una fuerte imagen, no en vano el Gobernador Sergio Uñac lo eligió para que encabezara la lista de Diputados Provinciales que participaron de la última elección, lo cual posibilito al Frente Todos conseguir 26 de las 36 bancas de la Cámara de Diputados, permitiendo que el oficialismo obtuviera la mayoría calificada.

Es decir, “mal que les pese” al cuestionado grupo que integran Lucía Corpacci, Ángel Mercado y Rodolfo Micone, la designación de Hensel es lo mejor que le podría pasar a Catamarca de caras a las futuras inversiones y el Gobernador Jalil debiera ponerse en esa misma sintonía y evitar disensos sobre el reclamo de la minería en Mendoza, porque la provincia necesita con urgencia el ingreso de divisas para resolver problemas centrales que hoy la ponen como una de las peores y más postergas provincias de la Argentina.

El Presidente Alberto Fernández en reiteradas oportunidades dijo: “Ejercer la minería con responsabilidad social es muy importante. Se la puede hacer sin lastimar las condiciones de vida de la gente que vive en las comunidades” y afirmó que “si no fuera así, no estaría a favor de la minería”.

San Juan lo hizo. Alberto Hensel desarrollo un modelo de minería que cuenta, desde un “ombudsman” dedicado a defender la calidad de vida de las comunidades, hasta un sistema de monitoreo que permite controlar en tiempo real la actividad de las empresas en la montaña, lo que permitió descubrir el derrame que produjo la mina Veladero por parte de la empresa Barrick Gold, la cual fue multada (Marzo de 2016) con 145.696.000 millones de pesos (unos 9.500.000 millones de dólares en esa época), atribuyéndosele a Hensel la autoría de la mayor multa impuesta a una empresa inversionista en la historia Argentina, de allí lo injusto de mencionar que su designación haya sido propuesta por la misma empresa sancionada.

Hoy Catamarca, dependiente –exclusivamente- del “porcentaje extra” que percibe de Coparticipación Federal no posee otra fuente de ingresos genuinos que permita morigerar el impacto de la perdida de ese beneficio como lo propuso la ex presidenta y el panorama económico en el contexto social cada vez es más crítico.

Desarrollar una minería sustentable, amigable con el medio ambiente, consensuada, alejada del modelo extractivo de la importación a granel, que imprima valor agregado a la producción y genere fuentes de empleo directos e indirectos debiera ser “Política de Estado”, pero  para eso el Gobierno deberá prescindir de los actores de la minería que deja la gestión Corpacci, entre ellos su esposo Ángel Mercado y Rodolfo Micone.

Las últimas elecciones, sobre todo en Departamentos como Andalgalá, donde ganó un candidato “anti minero” le están diciendo “NO” a las políticas mineras y en ese marco es necesario recuperar la “licencia social”, tal como lo propone el Secretario Nacional del área y desarrollar la minería en un contexto de transparencia.

No es posible que Catamarca cuente con tan solo seis proyectos mineros (información brindada a este medio por el Centro de Información Minera de Argentina CIMA), dentro de los cuales se encuentran: “Agua Rica”, cuya continuidad depende de una resolución de la Corte Suprema de Justicia a raíz del escándalo denunciado por la Universidad de Tucumán en el firma del Convenio de Explotación.

“Minera de la Alumbrera” que se encuentra en etapa de cierre y hoy cuenta con un personal estable de 40 trabajadores entre empleados, operarios y personal de maestranza; “Tres Quebradas (3Q)” que aún se encuentra en etapa de exploración; “Fenix” explotado por la empresa Livent Lithium, cuestionada judicialmente por violar disposiciones ambientales con gravísimas implicancias para el medio ambiente en Antofagasta; “Sal de Vida” de la empresa Galaxy Resources que aún se encuentra en etapa de exploración y “Farallón Negro” explotada por la empresa Nacional YMAD, también cuestionada judicialmente por intentar contratar con un privado el “Proyecto Agua Rica”, al que pretendió alquilarle bienes que ya son de su propiedad, en virtud del anunciado “cierre de minas” de Minera Alumbrera.

A nivel local ocurre exactamente lo mismo. En enero de 2012 la gestión Corpacci creó la empresa estatal CAMYEN SE con el objeto de ser una herramienta jurídica autosustentable que tentara a los inversores extranjeros.

Hoy esa empresa provincial  se declaró deficitaria pese a los más de 100 millones recibidos por el Gobierno, posee más 25 juicios tan solo con la AFIP, otros tantos con la justicia local, debe a proveedores locales, a la dirección de Fabricaciones Militares y sus Directores se encuentran imputados por Fraude a la Administración Pública, a raíz de una denuncia presentada por ocho legisladores que fue todo un escándalo público y que también involucra a Ángel Mercado y al actual Ministro de Minería Rodolfo Micone y cuya continuidad fuere ratificada el día 16 de Diciembre de 2018 por el Juez de Garantías Rodolfo Maidana, quien además solicitó investigar el patrimonio de los imputados, conforme este medio lo dio a conocer con exclusividad.

La seguridad jurídica, económica e institucional es un camino que debemos seguir si queremos una minería sustentable en donde la licencia social sea otorgada por los pueblos donde se explota el proyecto. La rigidez con la que debemos actuar respecto de los inversores que violen o incumplan las disposiciones legales es una máxima que nos debemos imponer. La satisfacción de los beneficios que brinda la minería, no solo en cuanto al empleo o a las contrataciones, sino en obras de infraestructura, en educación, salud y seguridad es una condición innegable que la minería debe brindar. Todo eso logró San Juan en la gestión de Alberto Hensel, de allí la importancia de copiar el modelo y sintonizar el dial de las políticas mineras que el actual Secretario busca potenciar a nivel Federal.