Antofagasta

Liberan a jóvenes comuneros mientras las topadoras avanzan con el acueducto del Río Los Patos

Luego de vivir una odisea, los jóvenes comuneros esquiladores de la Comunidad de Salar del Hombre Muerto recuperaron la libertad en Belén. Quienes presenciaron todo el operativo y el Cacique de la Comunidad no tienen dudas que las detenciones fueron ilegales y contrarias a derecho.

 

En lo que se asemeja a un territorio sitiado, el gobierno de Lucía Corpacci demuestra con hechos aberrantes que  está dispuesto a continuar con el desvío del Río Los Patos para facilitar a la minera Livent la utilización del agua dulce, unica fuente del vital elemento  de la Comunidad de Antofagasta de la Sierra, para la extracción del litio. Aunque ello implique una grave violación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, precisamente por el artículo 75 inc. 7°.

La desesperación y la desolación de los pobladores es total. El gobierno de Corpacci y su adlátere minero, Rodolfo Micone, se llenan la boca en los foros internacionales de Minería relatando a sus inocentes interlocutores lo bien que se hacen las cosas en Catamarca, cuando la Minería es la actividad en cuestión. Claro, nadie puede acceder a las tremendas injusticias que padecen los pobladores y lo que es peor aun, en el exterior no pueden conocer que la realidad en Catamarca es totalmente diferente a la que pintan los principales referentes de la política. Se explota la minería sin licencia social y violentando el medio ambiente. En la provincia de Catamarca no rige el Estado de Derecho y se violan los derechos humanos, como si tal cosa. La impunidad es total y lacerante.

Y cuando decimos injusticias, nos referimos específicamente a las graves violaciones a los más elementales derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos: La detenciones de los hermanos Calpanchay fueron ilegales, antijurídicas y ajenas a derecho. Y lo justo es que algún día los responsables paguen por sus incumplimientos a los deberes de funcionario público. Detener a personas sin pruebas es un grave delito que debe ser investigado, juzgado y condenado.

Claramente se trató de una acción dirigida desde el poder central para amedrentar a los comuneros que defienden con uñas y dientes sus bienes más preciados que son el territorio ancestral y el agua. Y fue precisamente el amañado y sojuzgado Ministerio Público Fiscal en la persona del Fiscal de Belén Jorge Flores, quién dispuso la detención arbitraria e ilegal de dos personas, sin pruebas. Los hermanos Calpanchay no cometieron delito, sin embargo se dispuso su detención y fueron privados de su libertad, con el consiguiente daño.

Se sabe que en Catamarca, el ministerio público es un brazo político del poder de turno y que lejos está de cumplir su verdadera función que es la de proteger los bienes del Estado y lo más importante la integridad y la seguridad de los habitantes de la provincia de Catamarca.

Así las cosas, mientras avanzan los camiones de la empresa Guido Moguetta S.A. y las topadoras para forzar la construcción del Acueducto del Río los Patos, sin la debida licencia social, los esquiladores, propietarios ancestrales de las tierras sólo defienden lo que le en derecho les pertenece. En todo caso, la Comunidad realiza sus acciones en defensa propia, ante tanto avance desproporcionado e ilegal.

Existen otras circunstancias, graves, que hacen a la titularidad de acciones civiles y penales en defensa del territorio y de los recursos naturales que le han sido cersenadas a la comunidad «ex profeso» y que irremediablemente serán subsanadas.

Los comuneros fueron detenidos en el Salar del hombre Muerto, a 140 kilómetros de Antofagasta de la Sierra adonde fueron trasladados en primer lugar y luego a Belén, distante a 220 kilómetros de Antofagasta de la Sierra. Allí fueron liberados el sábado a las 18 horas.

Cabe reiterar que en general, los pobladores de la región donde se extrae el litio desde más de tres décadas viven en condiciones infrahumanas y son sometidos a todo tipo de vejámenes por la policía y por cualquiera que manifieste ejercer la fuerza en nombre del poder hegemónico de turno.

Las graves circunstancias fueron denunciadas verbalmente ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quienes se han comprometido a tomar cartas en el asunto e investigar los hechos violatorios de los derechos humanos y remediar la cuestión de la titularidad de los derechos y acciones, la legitimación activa y el interés legitimo de la Comunidad.