En el mes de abril pasado el diputado de la coalición Juntos por el Cambio, el abogado Francisco Monti, formuló una denuncia penal en la Fiscalía Federal para poner en conocimiento en la jurisdicción pertinente sobre  la posible comisión de delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimientos de  los deberes de funcionario público en el ámbito del Instituto Provincial de la Vivienda que en ese entonces estaba a cargo del Arq. Dante López Rodríguez.

Como era de esperar, y fiel al estilo que la caracteriza,  en julio también de este año, la Justicia Federal se declaro incompetente y remitió la denuncia a la Justicia Provincial. Este “pase de manos” es habitual en Catamarca y todas las denuncias realizadas contra altos funcionarios del Gobierno Provincial terminan quedando en la nada, se diluyen, dejan de existir.

Lo más notable de este caso es que la denuncia del legislador se basa en un informe realizado por una auditoria del Tribunal de Cuentas en el marco de la labor de la Red Federal de Control Público. La verificación se realizo sobre diez licitaciones públicas del año 2015, la auditoría se realizó en octubre de 2017.

Es decir que más allá de los aportes o las subjetividades que pudiesen haberse argumentado en la presentación del Dr. Monti, en la misma se exhibe como prueba un informe detallado de un ente que está para controlar el uso de los dineros públicos.

Esto es para destacar, porque es común que dirigentes del oficialismo denunciado salgan a atacar al denunciante y minimicen su acción diciendo que es para obtener rédito político a través de la acusación presentada; también es un común denominador decir que los dirigentes que se animan a revelar los posibles delitos son “denunciadores seriales”, un burda forma de descalificar a quienes tienen la valentía de denunciar los actos de corrupción en perjuicio de la administración pública.

Lo grave de todo esta situación es que en varias denuncias judiciales, con abundantes pruebas para inculpar a los administradores de los fondos del erario público, lamentablemente los procesos terminan en una nebulosa inaceptable y los jueces concluyen absolviendo al acusado sin investigar absolutamente nada, usando artilugios legales, haciendo pasar el tiempo, tomando medidas inconducentes, todas cuestiones de forma, hasta alcanzar la prescripción de la acción, o la falta de mérito o sobreseimientos definitivos.

Los puntos principales de esta denuncia contra las licitaciones públicas N° 31,32,33,34 y 40 del año 2015 del IPV Catamarca son las siguientes:

• En ningún caso se cumplieron los plazos, sin la aplicación de las correspondientes multas e intimación correspondiente.
• Las licitaciones tienen sobreprecio de algunos ítems de obra, cómputos incorrectos, errores en sumas aritméticas, ítems no ejecutados.
• Existió un claro desdoblamiento de obra.
• En muchos casos se pago más cantidad que la ejecutada realmente
• Los inspectores que controlaron las obras no eran profesionales con las incumbencias necesarias.

Como conclusión de toda esta investigación es que el perjuicio al estado es de más de cincuenta y cinco millones de pesos ($ 55.000.000.-)

Sin Justicia es imposible lograr el progreso de los pueblos. Del mismo modo resulta imposible lograr  ser una provincia pujante, en especial si se tiene en cuenta  que una de las principales riquezas que posee la provincia de Catamarca es la minería y para su explotación, se necesita indefectiblemente de inversiones extranjeras que buscan asignar sus recursos en lugares con probada seguridad jurídica.

Esta cuestión, que no es menor, de acuerdo a como se describe la situación judicial en ésta nota editorial, es la gran materia pendiente que debe  afrontar el flamante gobernador Raúl Jalil y que, indefectiblemente deberá revertir, por ejemplo transparentando todo el proceso de elección y nombramientos de jueces y fiscales, que constituye en la actualidad un verdadero escándalo, cuyas consecuencias pone de manifiesto éste diario desde su fundación, a traves de su línea editorial.