Los diputados exiliados Wilmer Azuaje y Franco Casella afirmaron en conferencia de prensa en Madrid que varios informes, así como videos y decenas de fotografías, fueron entregados el lunes pasado a la CPI, en La Haya, y el martes al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), en Ginebra.

Los legisladores exhibieron parte de ese material ante los periodistas, entre ellos varias fotografías donde se ve a las víctimas con varios disparos en la cabeza, la cara y el cuello, y un video en el que Pérez dice a la cámara: “Nos están disparando, nos vamos a entregar”.

Explicaron que las imágenes fueron tomadas por un “funcionario” de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al que identificaron como “Cortés”, que las entregó en febrero pasado a Azuaje y está dispuesto a declarar como testigo, según la agencia de noticias EFE.

Azuaje subrayó que las víctimas sufrieron disparos “a quemarropa” y que los impactos demuestran que al momento de recibirlos tenían una actitud “defensiva”, tratando de protegerse con las manos y los brazos, y Casella agregó que les dieron “tiros de gracia”.

Algunas de las fotografías habían sido reveladas el domingo pasado por el diario madrileño El Mundo, en una nota en la que Azuaje anticipaba la presentación de la denuncia ante los organismos internacionales.

El 15 de enero de 2018, un comando integrado por militares, policías y civiles chavistas cercó una vivienda en la que se escondían Pérez y varios de sus seguidores, en un confuso operativo en el que, según se informó al día siguiente, fueron muertos el ex policía y otras seis personas, mientras otras seis fueron detenidas.

Allegados a las víctimas y voceros de la oposición y la Iglesia católica denunciaron que se trató de una ejecución extrajudicial, y pocos días después se divulgaron las actas de defunción que certifican que seis de los muertos fueron ultimados con disparos en la frente y el otro, con un tiro en la espalda.

Pérez, oficial inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía científica), y además actor, había cobrado notoriedad en junio de 2017, cuando robó un helicóptero de ese organismo y desde ese vehículo arrojó dos granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y tiroteó la sede del Ministerio de Interior y Justicia, sin dejar víctimas.

Desde entonces estuvo prófugo de la justicia venezolana, que lo acusó de terrorismo, lo dio de baja de la Policía y pidió su captura internacional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció en julio pasado que entre enero de 2018 y mayo de 2019, las fuerzas armadas y de seguridad de Venezuela ejecutaron extrajudicialmente a 6.856 personas, entre otras graves violaciones de derechos humanos.