El Juez comentó que el nuevo anteproyecto del Código de Procedimiento Minero fue una iniciativa de la Gobernadora poniendo en función al Consejo Asesor Minero, que trabaja ad honorem y que está conformado por la UNCa, la CAME, el Colegio de Abogados, la Legislatura y los pueblos originarios y agregó que todos estuvieron debatiendo e introduciendo las reformas necesarias para adecuarlo a estos tiempos y ahora se lo presentaron a Lucía Corpacci.

Indicó que tuvieron que actualizar gran cantidad de figuras jurídicas porque el Código provinciancial de Minería ya tenía cincuenta años de antigüedad  y lo adaptaron al siglo XXI haciendo hincapié en la cuestión ambiental, la que de veinte años a esta parte es la más sensible para conseguir un equilibrio entre la actividad minera y el cuidado del medio ambiente.

Y añadió que ahora el control es mucho más exigente para impulsar un proyecto sustentable y sostenido en el tiempo y que para lo vinculado con regalías y canon minero existen leyes especiales fuera de lo que se regula en el CPM.

Por otra parte, señaló que siempre están atentos a las novedades y situaciones que se dan en la actividad minera, como en el caso de la familia Morales en Antofagasta de la Sierra, donde el problema se suscitó por falta de diálogo entre las partes y remarcó que se podría haber evitado con una conversación entre todos los actores involucrados.

En cuanto a la situación en Andalgalá, relacionado al proyecto de Agua Rica, opinó que no puede haber actividad minera si no hay licencia social, si el pueblo no está de acuerdo en su mayoría.