En la Argentina de las vacas flacas, donde los pesos escasean en los bolsillos de los que menos tienen, los usureros, que se agazapan detrás de organizaciones mafiosas, acechan a la espera de la desesperación. “Gota a gota” se denomina a la nueva modalidad de supuestos “préstamos legítimos” que llegó al país desde Colombia.
El perverso mecanismo, que ya se cobró vidas, fue ideado por los carteles de drogas que usaban esta modalidad para blanquear dinero. En la Argentina, detrás de estos prestamistas, que llegan a cobrar intereses de un 10% diario, están financieras de dudosa reputación por donde circula dinero espurio que podría provenir, por ejemplo, del narcotráfico, la corrupción o la trata de personas.
Los cabecillas locales de estas organizaciones –porque son varias– son ciudadanos colombianos que llegaron al país, desplazados del suyo, y ya hicieron pie no solo en Argentina, sino también en Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia. Antes habían extendido sus tentáculos corruptos a México y Centroamérica.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Gabriel Pérez Barberá, y la Dirección Nacional de Investigaciones, al mando de Rodrigo Bonini, fueron los primeros organismos oficiales en alertar sobre las mafias que están detrás de estos préstamos.
De hecho, la Procelac lanzó una campaña para concientizar sobre los peligros que acarrea tomar un préstamo de este tipo, que son otorgados sin ningún tipo de condiciones ni regulación y de los cuales los medios de comunicación casi no registraron su existencia.
Los denominados préstamos “por goteo” o “gota a gota” constituyen –según la Procelac– “una modalidad de usura que pone en riesgo no solo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también la integridad física y hasta la propia vida en caso de incumplimiento”.
Fue después de la detección de un importante número de hechos, en provincias como Corrientes, Salta, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y el sur del país, que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos lanzó los alertas.
Pérez Barberá describió de manera sintética y gráfica las modalidades de estas organizaciones que, según el Ministerio de Seguridad de la Nación, tienen “carácter trasnacional y debería ser investigado por la justicia federal”.
Entrega exprés: “El potencial cliente recibe el dinero sin necesidad de presentar avales o garantías, prácticamente a sola firma. Sin mayores precauciones ni trámite, el capital otorgado –que puede oscilar entre los $ 2.000 y los $ 60.000– se entrega rápidamente, lo que actúa como un incentivo para la persona que tiene necesidad de acceder a esa suma de dinero”.
Fuera de toda regulación: “Quienes otorgan este tipo de préstamos actúan al margen de la legalidad, fuera de la órbita del Banco Central de la República Argentina –único organismo encargado de autorizar la intermediación financiera– o cualquier regulación estatal. De este modo, no existen límites a la imposición de condiciones, todo ello en perjuicio del acreedor.
Fachada: “La totalidad de los casos registrados en el ámbito local tiene como denominador común el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero por parte de vendedores ambulantes de muebles –en algunos casos, la práctica incluye la entrega de estos en cuotas–, actividad que actúa como fachada para el ingreso de la víctima”.
Tasas abusivas: “La cancelación del préstamo se realiza a través de cuotas periódicas –pueden ser diarias, semanales o mensuales– por una tasa excesiva que, en algunos casos, quintuplica a la oficial. El cobro lo realiza en forma personal el prestamista o un emisario de este”.
Comentarios